* De un universo de 17, 623 autorizados para cartular; “los abogados y notarios públicos en su actividad profesional, no están involucrados con el crimen organizado”, asegura director de la DGCIP.
Las pesquisas realizadas por las autoridades del Sistema Anti Lavado de Dinero del Estado nicaragüense, revelan que hasta ahora “los abogados y notarios públicos en su actividad profesional, no están involucrados con el crimen organizado”, aseguró el doctor Julio César Arias Roque, director de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia, DGCIP.
El Dr. Julio César Arias Roque, titular de la DGCIP, manifestó que la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención capacitó a más de 4 mil sujetos obligados.
“El Estado ha venido haciendo un trabajo legislativo de reformas a leyes penales para prevenir este flagelo del crimen organizado. En ese orden, en términos de persecución y sanción penal a la criminalidad, en Nicaragua estamos muy bien en comparación con otros países”, afirmó el doctor Arias Roque.
13,615 abogados y notarios públicos, el 77.25 por ciento de un universo de 17, 623 profesionales del Derecho autorizados para ejercer la profesión del Notariado en Nicaragua, se han registrado como sujetos obligados ante la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP) de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a las reformas de las leyes penales 976 y 977.
El alto número de profesionales del Derecho que han cumplido con la ley, es una manifestación de la confianza de los abogados en el sistema anti lavado, afirmó el director de la DGCIP.
La DGCIP registra la cantidad de 13,615 notarios públicos como sujetos obligados, informó el Dr. Julio Arias Roque. En la gráfica, con el Dr. Roberto Larios Meléndez, director de Comunicación del Poder Judicial.
“La mayor parte de los abogados registrados en la DGCIP corresponden a la ciudad de Managua, aproximadamente el 50 por ciento, de un universo de casi 14 mil sujetos obligados. En segundo lugar, se encuentran las ciudades de León y Chinandega y le siguen las ciudades de Masaya y Carazo. Son las tres regiones que centralizan la mayor cantidad de sujetos obligados.”, manifestó el funcionario.
Agregó que “eso te da una idea que la gente quiere entrar a la legalidad o formalidad y por eso constituyen una sociedad, porque tienen una empresa pequeña, y se registran en los Registros Públicos. Esa labor legal es realizada por el abogado y notario público con mucha sanidad. El nivel de riesgo de los abogados y notarios es bajo, porque hay mucho cuidado. Con los controles preventivos que existen la actividad profesional de los abogados va mejorando cada día”.
El doctor Arias Roque manifestó que “la DGCIP capacitó a más de 4 mil sujetos obligados, en temas sobre las reformas a las leyes penales y sobre las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En la modalidad presencial fueron instruidas 2,800 personas y el resto en línea. Vamos a capacitar a más de 4 mil abogados más, porque aún faltan dos circunscripciones judiciales”.
“También se capacitó a 150 profesionales del Derecho, específicamente en el Registro del Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles (RBFSM); se brindó un curso de formadores de formadores, para que ellos fueran a replicar. Después hicimos otra réplica con 75 abogados más. El objetivo es que los sujetos obligados a partir de las evaluaciones sectoriales de riesgo, conozcan sus propios riesgos y los mitiguen a través de medidas de prevención”, dijo el doctor Arias Roque.
El titular de la DGCIP expresó que “el curso sobre el RBFSM fue brindado a todos los funcionarios de los Registros Públicos del país, para que ellos retroalimenten sus conocimientos en sus puestos de trabajo”.
La doctora Marling Jarquín Ortega, directora de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos de la CSJ, informó que esta área registra la cantidad de 32 mil 178 abogados y notarios públicos, de los cuales 17,623 son notarios autorizados para cartular.