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* “Un crimen de odio es una acción dolosa, que es motivado por el prejuicio y la intolerancia, discriminación contra una raza, orientación sexual, etnia, creencia, sexo, edad y condiciones de vulnerabilidad”.
Magistrados, jueces, asesores de despachos, secretarios judiciales y personal de las oficinas de Apoyo Judicial y Procesal, participan en la réplica del seminario “Reformas y Adiciones a la Constitución Política, Código Penal, Procesal Penal y Ley 779”, impartido por docentes del Instituto de Altos Estudios Judiciales.
En la Circunscripción Managua, la réplica se realizó en el Complejo Judicial Central Managua, donde el doctor Sergio Palacios Pérez, magistrado de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, dijo que la capacitación “trata de la transversalidad de género con la que deben verse los casos, la prisión perpetua revisable, la ampliación del plazo de la investigación, la tutela judicial efectiva y el ciber delito”.
La licenciada Wendy Marín Díaz, coordinadora de la Oficina de la Defensoría Pública en Tipitapa, explicó la perspectiva de género y su relación con las reformas en materia penal y la pena perpetua revisable. “Las reformas buscan dar respuesta al actuar criminal, garantizando la protección de los derechos de las victimas sin violentar los derechos humanos del transgresor”, dijo.
En su exposición, la licenciada Marín Díaz explicó que para que a un condenado se le imponga la prisión perpetua revisable, debería coincidir con actuaciones aberrantes, conductas degradantes hacia la víctima, como la desvalorización y la mutilación del cuerpo, actos que denoten odio.
Un crimen de odio es una acción dolosa, que es motivado por el prejuicio y la intolerancia, discriminación contra una raza, orientación sexual, etnia, creencia, sexo edad y condiciones de vulnerabilidad, explicó la funcionaria durante su presentación.
En el complejo judicial de León, el seminario fue impartido por las doctoras Sara María Núñez Medina y Maribel Mena Maldonado, magistradas del Tribunal de Apelaciones de León; el licenciado Fernando José Larios, asesor de la Sala Penal y los licenciados Claudia López Solís y Alejandro López Dávila, defensora pública y fiscal departamental de León, respectivamente.