* Nicaragua ha cumplido 37 de las 40 Recomendaciones del GAFI, demostrando el cumplimiento a uno de los ejes fundamentales de la Política de Estado.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, asistió este 20 de abril al inicio virtual del proyecto “Lucha contra el lavado de activos, desde el punto de vista normativo, en la región Centroamericana y el Caribe”.
La invitación enviada por el doctor Oscar Armando Pineda Navas, titular de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y Presidente Pro Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, indica que el proyecto está orientado a favorecer una lucha más efectiva y eficaz contra el lavado de activos en la región Centroamericana y el Caribe, para lo cual se requirió de la cooperación internacional del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO).
El principal objetivo de la organización PAcCTO es asistir técnicamente a 18 Estados de Latinoamérica, para contribuir a reforzar el Estado de derecho y la seguridad ciudadana. Este tema ha sido de relevancia, razón por la cual ha sido incorporado como un punto de agenda en el Plan de Trabajo del Grupo Especializado de Combate al Delito del Consejo .
Al exponer por Nicaragua, la magistrada Ramos Vanegas manifestó que “el Poder Judicial de Nicaragua respalda esta iniciativa; en tanto que aborda uno de los ejes fundamentales de nuestra Política de Estado, como es la Estrategia “Muro de Contención contra la Criminalidad Organizada”, la que procura fortalecer a las instituciones involucradas en el enfrentamiento a estas amenazas”.
La doctora Ramos Vanegas informó a los magistrados miembros del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, que en los años 2017 al 2019 se reformaron aspectos normativos de tipos penales como lavado de dinero, bienes y activos, financiamiento al terrorismo, dotando a fiscales y jueces con mejores instrumentos jurídicos “para hacer más efectiva la judicialización, condena, sanción penal y decomiso de bienes y activos de la criminalidad transnacional”.
Presidentes y magistrados de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, integrantes del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, y representantes del programa PAcCTO, participaron del lanzamiento del nuevo proyecto.
Agregó que “igualmente, fue reformada la Ley contra el Lavado de Activos; fortaleciendo las facultades y actuaciones de la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos, la que a su vez cuenta con dos Sub Comisiones de Trabajo, una de ellas denominada Sub Comisión de Persecución y Sanción Penal, coordinada por el Poder Judicial”.
La reforma a la Ley contra el Lavado de Activos incorporó como Sujetos Obligados a 13,602 abogados y notarios públicos del país y designó al Poder Judicial como su regulador y supervisor, habiendo realizado 247 supervisiones a nivel nacional.
La alta funcionaria destacó que Nicaragua ha alcanzado calificaciones mayoritariamente cumplidas en 37 de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); y calificación de Sustancial en 6 de los 11 Resultados Inmediatos.
Otra acción tomada por el Poder Judicial nicaragüense fue promover una reforma a la Ley General de los Registros Públicos y al Código del Comercio, “para identificar al Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles y garantizar que las autoridades competentes accedan de forma segura, eficaz e irrestricta a la información del beneficiario final”, añadió la presidenta de la CSJ.
El proyecto contará con la participación de dos expertos nicaragüenses, los doctores Julio César Arias Roque, director general de Centralización y Prevención (DGCIP) y Martha Quezada Saldaña, magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, quienes van a integrar el Grupo Especializado