* Sobre aplicación de resolución del CNACJ que habilitó los juzgados Locales Penales y Locales Únicos en Occidente, para conocer delitos menos graves de la Ley 779.
La magistrada Juana Méndez Pérez, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia, intercambió experiencias este 29 de noviembre con magistrados y jueces de la Circunscripción Oriental (Masaya y Carazo), sobre la aplicación del Acuerdo Número 9 de la Corte Plena, aprobado en el año 2018, que habilitó a los juzgados Locales Penales y Locales Únicos de León y Chinandega, para resolver los delitos menos graves de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779).
La Dra. Juana Méndez Pérez, intercambió experiencias con magistrados y jueces de Masaya y Carazo, sobre los Acuerdos número 9 y 17 que habilitaron a los juzgados Locales Penales y Locales Únicos, para resolver los delitos menos graves de la Ley 779.
La doctora Méndez Pérez, recordó que “a un año y medio de la aplicación del Acuerdo número 9, cuando se analizó y se verificó el cumplimiento de sus objetivos, brindando las recomendaciones de mejora--, fue aprobado el Acuerdo número 17 en el año 2020, que orientó la réplica del Acuerdo número 9 en las Circunscripciones Norte y Central del Poder Judicial”.
“Los Acuerdos número 9 y 17 nacen por la necesidad de dar respuesta a los usuarios de tener acceso a la justicia, para que las mujeres víctimas tengan representación en sus casos y no tengan que viajar hasta los juzgados de Distrito Especializado en Violencia, ubicados en las cabeceras departamentales”, manifestó la alta funcionaria.
Agregó que “la base jurídica de los Acuerdos 9 y 17 es el artículo 162 la Constitución Política, ambos son parte del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial, garantizando acceso a la justicia. Por eso, los jueces Locales Penales y Locales Únicos fueron capacitados para resolver los delitos menos graves de la Ley 779”.
Alto costo
La funcionaria expresó que los jueces “conocían la audiencia preliminar e inicial, pero el auto de remisión a juicio era resuelto por un juzgado especializado en Violencia, localizado en la cabecera departamental. Eso significaba para las víctimas un alto costo, teniendo que abordar hasta moto-taxi para trasladarse de uno de los municipios más recónditos de Chinandega, perdiendo el día de trabajo y eso no es acceso a la justicia”.
Mediante el Acuerdo Número 61, la CSJ habilitó desde julio del año 2021 a los juzgados locales penales y locales únicos de Masaya y Carazo, para resolver los delitos menos graves de la Ley 779.
La doctora Méndez Pérez, indicó que en León y Chinandega se formó una comisión de seguimiento al Acuerdo número 9. Se recomendó que las comisiones deben integrar un plan de trabajo donde se establezcan los procesos de implementación de este acuerdo y realizar reuniones con las diversas autoridades relacionadas a los asuntos radicados en los juzgados locales en materia de violencia. Integrada por jueces locales, de distrito y defensores públicos; incluso se organizaron reuniones de trabajo con las asociaciones de abogados, para estimularlos a representar a las víctimas.
En este sentido, el magistrado Carlos Alberto Padilla Narváez, presidente del Tribunal de Apelaciones de Masaya, expresó que iniciarán coordinaciones con los abogados litigantes de la región, para que se dispongan a representar a las víctimas de violencia.
La magistrada Méndez Pérez propuso a los magistrados y jueces de Masaya y Carazo, realizar reuniones operativas por áreas y que cada magistrado de Apelaciones atienda de manera directa algunos municipios, para darle seguimiento al Acuerdo Número 61, que habilitó desde julio del año 2021 a los juzgados locales penales y locales únicos de todo el país, para resolver los delitos menos graves de la Ley 779.
La magistrada del tribunal de Apelaciones, doctora Adela Cardoza Bravo, agradeció a la doctora Méndez Pérez por compartir la experiencia del proyecto piloto que inició en Occidente. De igual manera hizo un llamado a respetar siempre el control de legalidad en los actos procesales realizados, con base a la Constitución Política, las leyes nacionales y los convenios internacionales como la convención Belém Do Pará.
Durante el encuentro, la doctora Ángela Rosa Acevedo, secretaria técnica de género de la CSJ, dijo que los acuerdos garantizan el principio básico de la justicia y hay que dar seguimiento a los obstáculos, para seguir mejorando. Anunció más capacitaciones en temas de género a los jueces.