* Sobresaliente nivel académico de los funcionarios judiciales y significativa participación de las mujeres en la administración de justicia.
Un sobresaliente nivel académico de los servidores públicos en materia de Familia y una significativa participación de las mujeres en la administración de justicia, son algunos de los hallazgos que contiene el informe preliminar sobre el Diagnóstico Integral para identificación de necesidades institucionales en materia de familia año 2021.
La calidad académica del capital humano de los tribunales de Familia, es una de las fortalezas que caracteriza a la administración de justicia en esta materia.
La presentación del dictamen tuvo lugar este primero de diciembre de 2021 en la Corte Suprema de Justicia, y estuvo a cargo del licenciado Selim Flores, miembro del equipo técnico de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.
El licenciado Flores explicó que los objetivos del diagnóstico son identificar mediante la investigación las necesidades, retos, amenazas y oportunidades para mejorar el trabajo de los órganos jurisdiccionales y de apoyo, que imparten justicia de familia de manera directa para conseguir un impacto positivo sobre todo en niños, niñas, adolescentes y otros grupos vulnerables.
A la presentación del estudio asistió el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señor Antero Almeida de Pina; la magistrada presidenta de la CSJ, doctora Alba Luz Ramos Vanegas y titulares de los ministerios de la Familia; Mujer; Procuraduría de la Mujer y de la Niñez, Defensoría Pública y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, entre otros.
Otros hallazgos refieren que los servicios en materia de familia son rebasados respecto a la capacidad instalada y hay un revelador déficit de capacitación especializada en el ámbito jurisdiccional y técnico, por lo que entre las recomendaciones formuladas menciona la necesidad de incrementar “en frecuencia y en profundidad” las capacitaciones de esta naturaleza.
El representante de UNICEF en Nicaragua, señor Antero Almeida de Pina (izquierda), conversó con el licenciado Selim Flores, miembro del equipo técnico que trabaja en la realización del diagnóstico.
Respecto a la infraestructura física disponible para la administración de justicia de Familia, consigna que en términos generales es adecuada, pero es necesario mejorar los espacios de atención para los Consejos Técnicos Asesores (CTA), incluidos servicios sanitarios adecuados para personal con algún tipo de discapacidad física.
Computadoras
En cuanto a equipamiento tecnológico básico, el equipo técnico constató que hay computadoras e impresoras en más del 75% del territorio nacional; servicio de internet en menos del 50% de las dependencias y respecto a herramientas didácticas, pruebas clínicas, medios de transporte y otro equipamiento, se observan carencias principalmente en las dependencias más alejadas de los centros urbanos y complejos judiciales.
Sobre la coordinación y articulación interinstitucional, el estudio apunta que hay importantes retos que superar dentro y fuera del Poder Judicial, los cuales deben ser analizados a profundidad y afrontados de manera conjunta por las instituciones involucradas.
El equipo técnico sugirió realizar una reingeniería de procesos en el ámbito administrativo y técnico de los CTA, “que mapee, documente, reglamente y homologue las estructuras y métodos de trabajo de estos cuerpos auxiliares”.
De los 182 juzgados que conocen de la materia de Familia en el país, 126 son juzgados locales únicos, explica el informe preliminar.
Asimismo, recomendó la ampliación de las capacidades de los mecanismos de seguimiento y control de la información jurisdiccional y técnica, mediante la identificación y listado de las variables e indicadores necesarios para medir adecuadamente la actividad jurisdiccional y técnica en materia de familia, permitiendo que se cumplan más eficazmente los compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
Por último, sugieren que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la CSJ defina el nivel de prioridad de la atención y respuesta a los retos, necesidades y oportunidades identificadas en el diagnóstico, en el marco de las políticas, planes y programas institucionales, según la disponibilidad de recursos.
La base del diagnóstico es el estudio realizado en una muestra del 44.5% de las 182 unidades jurisdiccionales que conocen de la materia a nivel nacional; se encuestó al 75% de los jueces especializados de Familia; el 67% de los de distrito civil; el 83% de los locales civiles y el 31% de los locales únicos. Además se abordó a representantes del 100% de los CTA que atienden la materia en todo el país.
La realización del diagnóstico fue financiada por UNICEF y es parte del plan de gestión estratégica que se prevé implementar en los Tribunales de Familia en el período 2021-2024, por mandato del CNACJ.