PROPONEN REFORZAR MODELO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN JUSTICIA DE FAMILIA


* Para garantizar los derechos de la niñez, las mujeres y personas con discapacidad y en estado de vulnerabilidad, durante los procesos de Familia.
Reforzar la coordinación interinstitucional es la única forma de atender la demanda de justicia en materia de Familia, ante la imposibilidad de que los abogados del Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia (MIFAN) y la Procuraduría de la Familia, asistan a los 24 mil procesos judiciales que en promedio se generan cada año en los tribunales de todo el país.
La directora de la Defensoría Pública, Dra. Clarisa Ibarra Rivera (derecha), entrega a la jueza María José Arauz el documento que contiene las propuestas de la institución para enriquecer el informe preliminar del diagnóstico.
Esta es la propuesta que elevaron al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia, las instituciones que participaron en la presentación del Informe preliminar del Diagnóstico Integral para identificación de necesidades institucionales en materia de familia año 2021.
El equipo técnico coordinado por la jueza María José Arauz Henríquez, presentó el informe preliminar que será completado con las propuestas de las instituciones afines al sistema de justicia de Familia, para luego incorporarlo al Plan de Gestión Estratégica que se implementaría en el período 2022-2024, según las proyecciones del CNACJ.
El informe preliminar del diagnóstico establece que en cuanto al tema de la coordinación y articulación inter-institucional “tenemos importantes retos que superar dentro y fuera del Poder Judicial, que deben ser analizados a profundidad y afrontados de manera conjunta por todas las instituciones involucradas”.
La titular del MIFAN, licenciada Johana Flores, planteó que lo que debe retomarse es el establecimiento de una coordinación entre la autoridad judicial y la institución, para garantizar la presencia del abogado de la niñez en la audiencia, cuando aquella considere que es necesaria.
“No es cierto que en todos los procesos es necesario que el abogado esté presente, porque hay casos en los que no hay niños de por medio o hay acuerdos entre las partes”, expresó la funcionaria, al asegurar que cuando la asistencia legal sea requerida por el o la judicial “de seguro vamos a estar ahí”.
La titular de la DIRAC, Dra. María Amanda Castellón, propuso que los mediadores sean autorizados para conciliar en materia de Familia.
Capacidad rebasada
Todos sabemos que el Código de Familia es muy ambicioso y está prevista la participación del Mifan y la Procuraduría de la Mujer en todos los procesos, pero hablamos de 24 mil procesos de Familia en curso por año, “lógicamente no tenemos capacidad para dar cobertura en un 100 por ciento a esa carga”, sostuvo la funcionaria.
Asimismo, informó que a veces los jueces les dicen que vayan a notificar (a las partes), y que en los procesos de reposición de partidas de nacimiento se han encontrado con muchas dificultades, debido a que son pocos los judiciales realmente sensibilizados sobre la restitución del derecho de los niños a un nombre y una nacionalidad, sobre todos los de aquellos que presentan discapacidades y/o están bajo internamiento o protección especial en los centros del MIFAN.
La directora nacional de la Defensoría Pública, doctora Clarisa Ibarra Rivera, entregó a la jueza Arauz un documento que contiene las inquietudes de 206 operadores ubicados en las 18 delegaciones del país, desde donde atienden a los usuarios de los juzgados de Distrito y Locales únicos.
Aseguró que gracias a las coordinaciones realizadas con las instituciones, en una década la Defensoría Pública ha brindado 217 mil asistencias legales y de 2014 a 2020, 90,805 niños y adolescentes han sido beneficiados con 599 millones 969 mil 421 córdobas, en sentencias de pago de pensión de alimentos.
La procuradora de la Mujer, Lic. Carmen Soledad Rodríguez, aseguró que para la institución es imposible dar cobertura a la totalidad de los procesos judiciales de Familia.
Abogó porque las máximas autoridades del Poder Judicial fortalezcan el servicio que se brinda mediante capacitación especializada y aseguró que si bien las carencias son muchas y la infraestructura de la institución inadecuada, empezando por Managua, la Defensoría Pública continuará trabajando por mejorar sus servicios a la población.
La procuradora de la Familia, licenciada Carmen Soledad Rodríguez, se sumó a la propuesta de la ministra Flores, por cuanto “es importante buscar o mantener un mecanismo que permita una colaboración estrecha y directa entre jueces e instituciones, porque humanamente es imposible dar abasto a esas 24 mil causas de año con año”.
Aseguró que cuando se ha necesitado una coordinación específica en casos muy puntuales que requieren la presencia de la institución, las audiencias han sido atendidas. “Vamos a seguir trabajando y manteniendo la coordinación, porque de eso depende que garanticemos los derechos de niños y adolescentes y tengan un mejor futuro”, dijo.
La directora de Resolución Alterna de Conflictos, doctora María Amanda Castellón Tiffer, sugirió establecer un protocolo para que la DIRAC con sus 55 mediadores en materia civil, ayude mediante la conciliación a bajar la cifra de procesos que ingresan a los juzgados por año, en temas concretos como la prestación alimentaria, que es la mayor demanda entre la población. “Solicito eleve esta propuesta al CNACJ”, dijo la doctora Castellón a la jueza Arauz Henríquez.
Puede ser una imagen de 1 persona y de pie

Juicio de Noticias

Posted by el