* Durante exposición del libro “Anotaciones y comentarios al Convenio”, escrito por el juez de Familia, Dr. José Ramón Barberena Ramírez.
El juez cuarto de distrito de Familia, doctor José Ramón Barberena, instó a las autoridades judiciales a promover la aplicación del convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia, de noviembre de 2007, durante el programa radial del Poder Judicial “Una hora con la justicia”.
El juez José Ramón Barberena Ramírez ha recibido el reconocimiento de la audiencia por su aporte al Derecho de Familia con la creación de obras como el libro de Anotaciones y comentario al Convenio de cobro internacional de alimentos.
En abril pasado, el judicial publicó el libro Anotaciones y comentario al Convenio sobre el cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la Familia, y este 20 de mayo fue invitado para disertar sobre su contenido por los conductores del espacio radial, doctores Roberto Larios Meléndez y María Amanda Castellón Tiffer, directores de Comunicación y de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, respectivamente.
“Tenemos que ser promotores de la aplicación del convenio, si no, vamos a estar emitiendo sentencias fuera de la realidad concreta”, estimó el doctor Barberena Ramírez, agregando que el convenio viene a ser “una esperanza” para las familias nicaragüenses, porque se constituye en una herramienta legal internacional que permite hacer solicitudes de tramitación de cobro de alimentos desde nuestro país sin mayores formalismos, justamente para facilitar el acceso a la justicia a los más vulnerables.
En ese sentido, especificó que los objetivos del convenio vigente en Nicaragua desde 2018, son: facilitar el acceso a la justicia; brindar asistencia jurídica y evitar los trámites formalistas. Se nombró al Ministerio de la Familia como la Autoridad central que representa al Estado para su aplicación.
El judicial explicó que la obra fue escrita con el objetivo de ayudar a los operadores del sistema de justicia y la ciudadanía en general a ponerlo en práctica, apropiarse de él y utilizarlo en beneficio de los más vulnerables.
El doctor Larios Meléndez observó que a pesar de la oralidad y la modernización de la legislación nacional, aún hay judiciales apegados a los formalismos, como reflejo de la cultura arraigada en algunos funcionarios.
Estructura
Para el juez Barberena, la idea de hacer anotaciones sobre el convenio, es porque todavía no hay un cúmulo de experiencia suficientes como para hablar de un análisis, pues para eso hay que comparar logros, debilidades, bondades y deficiencias. “Lo que hay son algunas experiencias en la sede administrativa y judicial”, apuntó.
Explicó que el texto lo dividió en varias etapas, procurando, en la primera, hacer la distinción entre el derecho de los alimentos y el derecho a la alimentación, “es decir, la responsabilidad del Estado de alimentar a su población facilitándole los medios para producir y adquirir los alimentos y el derecho a los alimentos, como deber jurídico que lo impone la ley cuando de forma voluntaria no ejercemos nuestra responsabilidad parental”.
Anotó también los antecedentes de la regulación de los alimentos en nuestro país desde 1928, con la aprobación del Código de Bustamante, pasando por los esfuerzos post segunda guerra mundial y la convención de Nueva York de 1956, a la que este convenio pretende superar.
Por su parte, la doctora Castellón Tiffer se refirió a las 100 reglas de Brasilia como “las normas para mejorar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, como las mujeres, niños, adolescentes o personas víctimas de discriminación por razón de su género, etnia, capacidad económica o que sufren alguna discapacidad física o mental”.
La funcionaria aseguró que la observancia del convenio y de las 100 reglas de Brasilia por parte de Nicaragua se viene materializando con acciones como la difusión de estas últimas, tanto así que el Poder Judicial está entregando 4,800 ejemplares entre los servidores públicos que también recibirán capacitación.
En tanto, el doctor Larios Meléndez dijo que la Corte Suprema de Justicia también adecuó su infraestructura dirigida a la construcción de accesos y ventanillas especiales en sus edificios, para facilitar el desplazamiento y la atención de las personas con discapacidad.