La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la Corte Suprema de Justicia DGCIP, está dando a conocer un estudio sobre Evaluación de Riesgos, que permite medir las amenazas y vulnerabilidad de los abogados y notarios públicos como Sujetos Obligados, para fortalecer el nivel de prevención y evitar que sean utilizados por el crimen organizado, informó la doctora Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.
“Con estas evaluaciones de riesgos, donde se brindan resultados que podrían constituirse en daño para la economía del país y la seguridad nacional, el Estado de Nicaragua viene cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiero Internacional GAFI”, explicó la doctora Obando Quezada.
La DGCIP es el órgano regulador de los abogados y notarios públicos como Sujetos Obligados. El estudio sobre evaluación de riesgos, ya está publicado en el sitio web del Poder Judicial y de la DGCIP.
La doctora Obando Quezada expresó que el método utilizado para evaluar a los abogados es la norma internacional ISO (Organización Internacional de Normalización o Estandarización), sobre gestión de riesgos, “que nos da las técnicas para evaluar y ponderar esos riesgos”.
La funcionaria ejemplificó que el crimen organizado puede utilizar a los abogados y notarios para constituir empresas o sociedades mercantiles de fachada, a través de testaferros.
Agregó que “por eso el abogado debe informar cuando tenga un caso de riesgo, informando que esta persona proviene de un país con deficiencia en su sistema de anti lavado o tiene un perfil con amenaza, o no está demostrando el origen de los fondos; deben realizar una Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente intensificada, que permita mitigar ese riesgo y no ser sujeto del crimen organizado”.
La funcionaria anunció que las evaluaciones continuarán para los abogados y notarios de Managua y posteriormente se estarán replicando en todo el país. El evento académico se realizó en el salón multiusos de la CSJ, con participación de abogados litigantes y funcionarios del Poder Judicial.