Para medir el nivel de riesgo ante el delito de lavado de activos, la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), de la Corte Suprema de Justicia, continúa supervisando aleatoriamente a los abogados y notarios públicos del país.
Las supervisiones se realizarán los días jueves 18 y viernes 19 de marzo del año en curso, en cada circunscripción judicial. Iniciará en Masaya y Carazo con 61 abogados y se supervisará a nivel nacional a 573 profesionales del Derecho.
La DGCIP supervisará a los abogados de los departamentos también.
“La evaluación será sobre la labor de la prevención, cómo los sujetos obligados están comprendiendo sus propios riesgos y de qué manera están aplicando las medidas de la Debida Diligencia de conocimiento del Cliente (DDC)”, explicó la licenciada Adriana Obando Quezada, directora de Regulación y Supervisión de la DGCIP.
La licenciada Obando Quezada expresó que “la supervisión tiene como objetivo monitorear y analizar el grado de comprensión que han adquirido los profesionales del Derecho, en cuanto a sus obligaciones en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva”.
La supervisión se realiza de conformidad con las facultades establecidas en el artículo número 20 de la Normativa (Acuerdo 452), sobre la Organización y Funcionamiento de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención y del Régimen Sancionatorio.
El referido artículo 20 establece que la Dirección Centralizadora de la Información y Prevención debe velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los Abogados y Notarios Públicos en las leyes, teniendo la facultad de realizar planes de supervisión con enfoque basado en riesgo, debiendo el Sujeto Obligado facilitar sin restricción alguna cuanta información o documentación se le requiera.
Agrega el Acuerdo 452 de la DGCIP que la supervisión incluye “libros, índices, matrices o protocolos, registros, programas informáticos, archivos, soportes informáticos, archivos, soportes magnéticos, comunicaciones internas, actas, declaraciones oficiales y cualesquiera otros relacionados con la materia sujeta a supervisión e inspección”.
Los Abogados y Notarios Públicos sujetos a supervisión y los supervisores mismos, deberán al momento de realización de la misma, observar todas las medidas de bioseguridad exigidas para prevenir el COVID- 19. La Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención de la CSJ, registra la cantidad de 13,502 abogados y notarios públicos como sujetos obligados.