* El Acuerdo establece que la carrera de Derecho debe tener
un pensum académico mínimo de 43 asignaturas.
La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de
Universidades (CNU) y la Comisión Nacional Académica de Derecho (CONADER), se
reunieron con el objetivo de conocer los avances de los descriptores
(contenidos) de las 43 materias, temas que se deben abordar en cada materia)
que componen el tronco común de la carrera de Derecho establecidas en el
Acuerdo número 98-2018 del Consejo Nacional de Administración y Carrera
Judicial (CNACJ).
El acuerdo establece que la carrera de Derecho debe tener un
pensum académico mínimo de 43 asignaturas, que se desarrollarán en 14
competencias profesionales y dejó determinado que el CNACJ no incorporará a
ningún solicitante que no cumpla con el pensum mínimo establecido y el tiempo
de duración de la carrera, autorizado por el Consejo Nacional de Universidades.
En el año 2016 el máximo tribunal inició un proceso de
revisión, verificación y control en los trámites de incorporación como Abogados
y Notarios Públicos de los licenciados en Derecho.
En ese proceso de revisión se detectaron inconsistencias en
las modalidades, sedes, pensum académicos y años de duración de la carrera de
Derecho ofertada por algunas universidades, afectando la calidad de los
profesionales egresados de los centros de estudios superiores.
El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de
Universidades, profesor Jaime López Lowery, manifestó “que la reunión resulta
de suma importancia, se necesita avanzar en esa ruta que iniciamos en el 2018 y
debemos continuar armonizando el estudio del Derecho”.
El presidente de CONADER, doctor Richard Gómez, propuso
realizar una serie de reuniones “donde podamos evacuar algunos proyectos, ya
que la carrera de Derecho es una de las que ha estado actualizándose
constantemente”.
Por su parte, el Oficial Mayor de la CSJ, doctor Gerald
Areas Lacayo, señaló que “es importante darle seguimiento al desarrollo del
Acuerdo 98 y realizar acciones que estén encaminadas a la búsqueda de mejorar
la calidad de los profesionales del Derecho, ya que la Corte Suprema de
Justicia debe garantizar a la población usuaria seguridad jurídica”.