DESDE EL AÑO 2011 EL PODER JUDICIAL EJECUTA PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA VIOLENCIA”

 

* Afirma la presidenta de la CSJ Dra. Alba Luz Ramos Vanegas, al inaugurar el acto de clausura del diplomado “Protocolo Estandarizado de Actuación Judicial sobre delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”.

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, inauguró este 29 de Julio el acto de clausura del Diplomado “Protocolo Estandarizado de Actuación Judicial sobre delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, en el que se graduaron 21 magistrados de Salas Penales de los Tribunales de Apelaciones de las nueve circunscripciones judiciales del país.

La doctora Ramos inició su discurso afirmando que desde el año 2012 –fecha en que entró en vigencia la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres)--, conscientes de la obligación del Estado de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia de género, judiciales especializados, jueces locales y únicos, y ahora los magistrados de salas penales de Tribunales de Apelaciones del país, “están mejorando permanentemente sus capacidades y habilidades, con el propósito de actualizar su formación desde la perspectiva de Derechos humanos, derechos de la Niñez, la familia y el abordaje de la violencia de género”.

La alta autoridad judicial manifestó con aplomo que, “con este Diplomado damos respuesta al mandato establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso V.R.P., V.P.C y otros vs. Nicaragua, la cual en el año 2018 mandó al Estado de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una protección reforzada y acceso efectivo a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, y que en particular, el sistema de justicia penal no los vuelva a victimizar”.

Refirió que “con este curso, cumplimos también otro mandato de la sentencia de la CIDH, que a la par de la elaboración e implementación de los protocolos, se debe realizar un plan de formación especializada al personal judicial, con el objetivo de que puedan realizar un abordaje efectivo de estos protocolos”.

En ese orden, la doctora Ramos Vanegas recordó que “desde el año 2011 el Poder Judicial ha venido realizando esfuerzos sostenidos para la ejecución de programas de formación, que contrarrestan prejuicios, estereotipos y todo tipo de prácticas que legitiman o exacerban la violencia, especialmente contra la mujer, niñez y adolescencia, a fin de garantizarles el derecho a vivir una vida libre de violencia”.

Política de igualdad de género

Explicó que “estos procesos formativos responden también al marco jurídico nacional que previene, atiende, investiga y sanciona la violencia”, mencionando de manera especial la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), las Reformas a la Ley 641 (Código Penal) y la Ley 287 (Código de la Niñez y la Adolescencia), Ley 896 (Ley contra la Trata de Personas), todas con fundamento en los tratados internacionales de los Derechos Humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La máxima investidura judicial, enfatizó que “este Diplomado cumple con el objetivo de la Política de Igualdad de Género de nuestra institución, que es garantizar la protección efectiva de la tutela, goce y disfrute de los derechos humanos de la población nicaragüense en todas las actuaciones del Poder Judicial, con énfasis en las mujeres, niñez y adolescencia, en condiciones de igualdad y sin discriminación”.

Docentes y discentes escuchan las palabras de clausura de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

“Espero que este proceso formativo les facilite las competencias teóricas, analíticas y prácticas para mejorar la calidad del trabajo; fortalezca las capacidades de las y los participantes en la protección y tutela jurídica de los derechos de las personas y a la vez, genere cambios y cuestionamientos a nivel personal, estructural e institucional”, manifestó.

Acentuó que “lo primero a cuestionar es el sistema patriarcal en el que actuamos y vivimos, con un pensamiento que tolera la desprotección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, negándoles el reconocimiento y la titularidad de sus derechos”.

Argumentó que “el cambio a nivel personal es poder modificar patrones socioculturales, que les permitirá hacer evidente e identificar aquellas manifestaciones basadas en la exclusión, la desigualdad y la fuerza, que justifican la violencia contra mujeres, niñas, niños, y adolescentes”.

La magistrada presidenta felicitó a las mejores alumnas, doctoras Maribel Mena Maldonado y Thelma Vanegas Álvarez, ambas con promedio de 99.4; y a los doctores Adela Cardoza Bravo y Jaime Alfonso Solís, por la elaboración del trabajo de fin de curso, evaluado con la máxima calificación.

Hizo un reconocimiento especial al equipo docente, integrado por los magistrados de Apelaciones, doctores Adda Benicia Vanegas, Sergio Palacios y Juan Francisco Vega; a la Jueza Especializada en Violencia, doctora Aleyda Irías; al equipo técnico del Instituto de Altos Estudios Judiciales; y a la doctora Ángela Rosa Acevedo y su equipo de la Secretaría Técnica de Género, “por su dedicación para que en tiempo récord se organizara, se diseñara y se ejecutara este Diplomado”.

Destacó que “esta formación da cumplimiento a la orientación de la Vicepresidencia de la República, de promover y ejecutar la Estrategia Nacional de Lucha contra el Femicidio, una de cuyas acciones es promover la preparación y formación especializada de nuestras funcionarias y funcionarios, a través de cursos y diplomados, en temas que permitan abordar de manera efectiva las causas de la violencia, especialmente cuando se produce contra la mujer, niñez y adolescencia”.

“Queda en sus manos el desafío de aplicar estos nuevos conocimientos, para que nuestra institución se destaque, especialmente por la actuación diligente en la protección de los derechos humanos”, finalizó la magistrada presidenta del Poder Judicial, doctora Alba Luz Ramos Vanegas.

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