La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, iniciaron este 16 de marzo la segunda etapa del proceso de revisión y consulta sobre las últimas normas aprobadas de carácter Penal. Esta vez participaron familiares de fallecidos y víctimas de los crímenes de odio acaecidos en el 2018.
Los parlamentarios escucharon los traumas de las víctimas; a una de ellas le asesinaron y quemaron a su hijo en plena vía pública y otro ciudadano compartió lo que significó la destrucción total de su negocio familiar de más de 25 años.
Los consultados dijeron estar de acuerdo con el marco jurídico establecido para aplicarlo a los que cometen crímenes de odio, y consideraron que los victimarios tienen que resarcir el daño que le han causado al Estado de Nicaragua en su economía y a todas las instituciones afectadas directa e indirectamente durante los sucesos de hace 4 años.
Las leyes analizadas en estos encuentros son las que se aplican a personas que cometen crímenes de odio, que reciben financiamiento extranjero para crear inestabilidad en el país y menoscabar la soberanía nacional.
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