Este 3 de agosto la presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, informó que en materia de familia el 46% de los judiciales ostentan el grado de maestría o superior y el 16% tienen una especialización; en el ámbito técnico el 19% ostentan grado de maestría; el 19% una especialización y el 62% son licenciados.
La presidenta de la CSJ expresó que “el estudio ha permitido apreciar los avances que el Poder Judicial ha logrado para brindar mayor acceso a la justicia especializada de familia, pero también nos plantea las áreas en que debemos continuar mejorando”.
Los datos revelados forman parte del informe final del diagnóstico integral para la identificación de necesidades institucionales en materia de familia 2021-2022, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.
El diagnóstico fue realizado durante el segundo trimestre del año 2021, encuestándose a 87 judiciales especializados en familia y a 48 integrantes de los consejos técnicos del país; el 69% del personal encuestado son mujeres y el 31% hombres, lo que refleja la participación de la mujer en la administración de justicia en materia de Familia.
Con la entrada en vigencia del Código de la Familia en el 2015 se recopilaron y mejoraron leyes especializadas en la materia, que plasmaron como principio fundamental el interés superior del niño, asimismo la articulación interinstitucional que debían tener los Juzgados especializados de familia y las instituciones vinculadas; se crearon los consejos técnicos asesores, conformados por psicólogos, trabajadores sociales y otros especialistas.
El informe revela que es necesario incrementar las capacitaciones, proponiendo temas como la adopción, distribución de bienes, régimen económico matrimonial, cuido, crianza y custodia “para dar respuesta a esa solicitud se está elaborando el programa curricular del posgrado en derecho procesal de familia, el que será impartido a todo el personal involucrado en la administración de justicia de familia” manifestó la alta funcionaria.
La actividad fue presidida por los magistrados de la CSJ, doctores Alba Luz Ramos Vanegas, Juana Méndez Pérez y Gerardo Arce Castaño; el representante de UNICEF señor Antero Almeida de Pina y el rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales Lic. Joaquín Talavera Salinas.
Justicia especializada
Las oficinas judiciales cuentan con equipos de computación, el 75 % del tiene impresoras y al menos el 50% posee el servicio de internet “con las herramientas didácticas, pruebas clínicas y medios de transporte se observan dificultades para su obtención, es por ello que este Poder del Estado ha trabajado y seguirá haciéndolo para solventar las carencias de material en los municipios del país” informó.
“Este diagnóstico nos ha permitido apreciar de manera objetiva los avances que el Poder Judicial ha logrado para brindar mayor acceso a la justicia especializada de familia, en buena medida, producto de la implementación de las acciones trazadas en el Plan Estratégico Decenal 2012-2021” expresó la presidenta de la CSJ.
Y agregó “también, nos plantea las áreas en que debemos continuar mejorando, para brindar un servicio cada vez más asequible, eficiente y cálido para la población usuaria, especialmente para las niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y con discapacidad, cuyos derechos deben ser tutelados por las juezas y jueces de familia, los Consejos técnicos asesores y todo el personal que trabaja en esta materia de primera necesidad, pues la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”.
La doctora Alba Luz Ramos Vanegas finalizó agradeciendo a UNICEF el apoyo para la realización del diagnóstico integral “el cual nos ayudará a fortalecer las bases para la justicia del futuro en materia de familia”.
Nicaragua ha adoptado diversos convenios como el de La Haya del 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños; de Sustracción internacional de menores, el de cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia.
También la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (CEDAW); la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará), que sirvieron de sustento para la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia la mujer.
