* La medida se tomaría porque es obligación de la
institución velar por la salud de sus trabajadores y funcionarios ante la
pandemia, explica magistrado Gerardo Rodríguez O.
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de
Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, informó a los secretarios de
tramitación del Tribunal de Familia que se analiza la posibilidad de extender
el horario de trabajo hasta las cuatro de la tarde, como medida preventiva ante
la pandemia.
El magistrado Gerardo Rodriguez (presidiendo la reunión),
explicó que la posible extensión del horario de trabajo no es una “camisa de
fuerza” para los servidores públicos.
“El virurs mata”, planteó tajantemente el magistrado
Rodríguez Olivas, al advertir a los secretarios de tramitación que de adoptarse
la decisión de ampliar la jornada laboral, nadie puede alegar violación de sus
derechos, por cuanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260), establece
claramente cuál es el horario de trabajo para los servidores públicos.
Explicó que la Corte Suprema de Justicia está abocada a la
implementación de medidas encaminadas a prevenir el contagio del coronavirus,
sin que ello implique mayores costos o retardación de justicia para los
usuarios de la justicia de Familia, y enfatizó: “Si así lo quiere, la
institución, tiene la facultad de exigir que se trabaje de ocho a.m. a 4 p.m”.
Para poner en perspectiva la peligrosidad de las
concentración de personas, dijo que si en promedio diario los 14 juzgados
celebran 56 audiencias, a razón de cuatro vistas por cada judicatura, en cinco
horas se tiene a 448 hombres y mujeres reunidos en espacios pequeños, sin
incluir al personal de seguridad y administrativo, que también están
desarrollando sus funciones en el edificio del tribunal.
Entre las posibles medidas a tomar están las de programar
que la mitad de los catorce juzgados realicen audiencias una semana y el resto
en la siguiente, o un promedio de cuatro audiencias por día en vez de seis o
siete, como ocurre hasta ahora. “La aglomeración de gente no sería la misma si
vinieran de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y los juzgados laboraran de
forma escalonada”, aseguró del magistrado Rodríguez.
Las medidas que el Poder Judicial tome en materia laboral y
sanitaria no son antojadizas, sino para proteger la salud y la vida, de
usuarios y servidores públicos, dijo el presidente del TAM a los secretarios
tramitadores de Familia.
Quejas
“Era necesario una explicación del por qué de la medida”,
apuntó el funcionario, haciendo hincapié en que el día que un juez o una jueza
diga a un secretario de tramitación que se quede trabajando, éste debe
obedecer, pues además, eso no será todos los días. “No exageremos ni nos
precipitemos; si hay necesidad que se quede (también) el gestor de audiencia,
también se queda, siempre que se le respete su derecho sindical y laboral”,
sostuvo.
Los tramitadores aprovecharon la presencia del magistrado
Rodríguez para externar una serie de inconformidades generadas por situaciones
que a su juicio derivan de falta de organización y estilos de trabajo
incorrectos, que a la postre afectan su salud y estabilidad.
Javier Rubio Cuadra, Brenda Argüello Marenco, Jaqueline
Bojorge, Ivonne Aguilar, Bismark Sequeira y José Omar Alvarado, plantearon una
serie de inquietudes, como que algunos jueces no celebran audiencias con los
apoderados si sus representados no están presentes, asegurando que eso provoca
reprogramación de audiencias y consecuentemente retardación de justicia.
Mencionaron que entre ocho de la mañana y una del día ellos
atienden hasta seis o siete audiencias porque la programación así ha sido
diseñada, por lo cual tienen que “andar en carrera y estresados”, lo que a
corto plazo deriva en enfermedades.
“Algunos jueces hacen audiencias fuera del sistema de
programación o llegan tarde obligando a cancelar las audiencias; otros
programan reconocimientos judiciales fuera del complejo y audiencias de escucha
después de la una del día y a veces no se nos respetan los 15 minutos de receso
durante la jornada laboral”, se quejaron.
Ante lo expuesto, el magistrado Rodríguez Olivas ofreció
hacer una auditoria de audiencias fuera del sistema, porque a su juicio “eso no
puede ocurrir, porque es desacato de una orden de la Corte Suprema cuando
decidió crear el Smart OGA.”
