RATIFICAN CONVENIO DE CRÉDITO CON EL BCIE PARA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA LA COVID-19

 

El Parlamento de Nicaragua sesionó este jueves para ratificar un convenio de crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto de 100 millones de dólares para financiar la adquisición de más de 6 millones 863 mil dosis de vacuna contra la COVID-19, compra de insumos médicos y para fortalecer la cadena de cuartos fríos del Ministerio de Salud.
"Hoy es un día de gran importancia para la labor legislativa que desarrollamos en nombre y representación del pueblo de Nicaragua que con su voto nos trajeron a los escaños de este parlamento", dijo el diputado Wálmaro Gutiérrez al exaltar la aprobación de estos fondos destinados a promover salud.



Este convenio de crédito suscrito el 2 de junio pasado entre el Gobierno de Nicaragua y el BCIE, es para financiar el Proyecto Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la COVID-19 en Nicaragua, acciones prioritarias del Presidente Daniel Ortega y la Vice-Presidenta Rosario Murillo.
"El enfrentamiento a la pandemia es una de las principales prioridades que hoy día impulsan los sistemas de salud a nivel mundial y en el caso de Nicaragua la restitución del derecho a la salud y a la educación han sido una de las principales prioridades que nuestro gobierno ha impulsado durante la primera y segunda etapa de la Revolución Popular Sandinista" resaltó el diputado José Figueroa, que además mencionó que el gobierno ha diseñado un plan de lucha contra la Covid-19 exitoso, siendo uno de las naciones latinoamericanas que mayor efectividad ha tenido.
El convenio tiene varios objetivos, como evitar la expansión del virus, reducir el número de víctimas mortales, mitigar la transmisión del virus y alcanzar la inmunidad colectiva en el menor tiempo posible para estar en las mejores condiciones físicas y sanitarias para seguir desarrollando el país.
Con estas vacunas se busca inmunizar a 3 millones 268 mil nicaragüenses que representan el 70% de la población priorizada.