MAGISTRADO GERARDO ARCE EXHORTÓ A LICENCIADOS EN DERECHO A CUMPLIR LA LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

 

El doctor Gerardo Arce Castaño, magistrado de la Corte Suprema de Justicia,compartió lo que llamó una serie de reflexiones sobre la Ley 977 o Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al promesar el pasado 2 de Marzo a 99 licenciados en Derecho que solicitaron su incorporación ante el supremo tribunal.

Los 99 licenciados en Derecho estaban ubicados en el Lobby de la sede central y la Sala de Vistas y Alegatos, en transmisión simultánea vía videoconferencia como medida de bioseguridad ante la pandemia del Covid 19.

En su mensaje el doctor Arce Castaño expresó su saludo y les transmitió el saludo y la felicitación de parte de la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, magistrada presidenta del Poder Judicial.

“Felicito a cada uno de ustedes por todos estos años de estudio que los trajeron a ésta etapa de incorporación como abogados y notarios de la República de Nicaragua”, expresó.

Seguidamente el magistrado compartió con los licenciados en Derecho sus reflexiones relacionadas con las obligaciones que tenemos como abogados y notarios que la Ley 977 y sus Reformas nos mandata”.

Refirió que desde la creación de la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el financiamiento a la proliferación de Armas de Destrucción Masiva--como una Comisión adjunta del Consejo Nacional contra el Crimen Organizado--, se han realizado estudios, mesas de trabajo y consultas entre los diferentes actores involucrados para identificar las amenazas y vulnerabilidades del país frente a los delitos de Lavado de Activos, financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masivas.

Explico que esa Comisión la integran los Poderes Judicial y Legislativo, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otras instituciones que inciden para enfrentar estos riesgos sociales, a raíz de la Ley 977: Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y sus reformas.En ese esfuerzo está la representación de ustedes los abogados y notarios.

El magistrado de la CSJ, doctor Gerardo Arce Castaño promesó a los 99 licenciados en Derecho que solicitaron su incorporación a la CSJ.

“Los abogados y notarios son parte de estos esfuerzos, teniendo obligaciones establecidas por la ley, incluidas en los acuerdos del Consejo Nacional de Administración y de Carrera Judicial (CNACJ), donde se indican los procedimientos para cumplir esa normativa.Hablamos de los acuerdos 151, 152 y 153, la normativa de reportes de abogados y notarios para el lavado de activos, financiamientoal terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva”, dijo el doctor Arce Castaño.

Indicó que la normativa obliga a los abogados y notarios en materia de prevención y detección, reporten de actividades potencialmente vinculadas a esa materia. Por ello, se creó cómo órgano supervisor de estas actividades ala Dirección General Descentralizadora de la Información y Prevención de la CSJ (DGCIP), a raíz de la Ley 977 en la CSJ, que da seguimiento a las actividades de los abogados en la responsabilidad y obligaciones establecidas en la referida ley.

Agregó que “en Nicaragua los profesionales del Derecho tienen una función dual al ejercer la función notarial y la abogacía, que pueden desarrollar ampliamente en todo el país, a menos que les límite la ley o sean sancionados.Teniendo como único control de su ejercicio en la función notarial el reporte de suÍndice de Protocolosen enero de cada año y en cualquier otra actividad con activos las tienen que reportar con la DGCIP”.

Expresó que según la recomendación 22, de dicha Comisión Nacional, se hizo un estudio de la actividad de los abogados y notarios, identificando que estos realizan en primer lugar, la compraventa de bienes inmobiliarios, que tienen que reportar; seguido por la creación, operación, o compraventa de entidades comerciales, los que coinciden con los datos brindados por los abogados y notarios públicos al momento de su registro ante la DGCIP.

Manifestó que las tres actividades restantes que realizan los abogados y notarios, según ese estudio, corresponden a: administración de dinero, valores y otros activos del cliente, administración de cuentas bancarias, de ahorros valores y organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas, identificándose como un punto vulnerable el alto pago en efectivo de los clientes, por las transacciones y servicios que le brindan los abogados y notarios.

De igual manera, dijo, se identificó como alto riesgo el uso de testaferros, muy común su utilización en algunas actividades para tratar de encubrir estos ilícitos, porque buscan terceras personas y usan los nombres para evadir las responsabilidades establecidas en esta ley.

“Es importante la atención del problema de los testaferros para que tengan alerta los abogados y sobre todo los notarios a la hora de inscribir escrituras sobre valores, transacciones financieras, compra de activos, títulos valores, comercio, etcétera”, expresó.

“Tengan mucho cuidado porque son sujetos de las responsabilidades penales, civiles y administrativas establecidas por la ley y los acuerdos 151,152 y 153 de la CSJ”, dijo el doctor Arce Castaño.

“Por ello,es de imperiosa necesidad y de ineludible cumplimiento que losprofesionales del Derecho que ejercen la función notarial y de la abogacía, cumplan con la obligación emanada por ley de reportar sus Índices y proporcionar la información requerida por el Poder Judicial a través de los órganos auxiliares que regulan el quehacer de los abogados y notarios periódicamente, que son la Dirección de Registro y Control de Abogados y Notarios, la Inspectoría Judicial y la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), establecida en la ley 977,” concluyó el doctor Gerardo Arce Castaño, magistrado de la CSJ.

Posterior a sus reflexiones, juramentó a los 99 licenciados en Derecho que solicitaron su incorporación a la Corte Suprema de Justicia. El acto fue presidido por los doctores Gerardo Arce Castaño, magistrado del Poder Judicial; Rubén Montenegro Espinoza y Gerald Areas Lacayo, secretario y Oficial Mayor, respectivamente.

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