APRUEBAN CONVENIO SOBRE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PENALES ENTRE NICARAGUA Y CUBA


Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en sesión plenaria un decreto de convenio sobre la ejecución de sentencias penales entre Nicaragua y Cuba.
El dictamen favorable fue presentado por la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos que preside la legisladora sandinista María Auxiliadora Martínez, que hizo una vasta explicación sobre los objetivos de este convenio entre Nicaragua y Cuba.
El convenio fue firmado el 19 de mayo pasado, entre la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia doctora Alba Luz Ramos y el embajador de Cuba Juan Carlos Hernández Padrón, y hoy el parlamento lo ha aprobado
.
Este convenio permitirá que los ciudadanos de los estados partes que cumplan condena por un determinado delito puedan ser trasladados a su nación de origen a efectos de continuar cumpliendo la pena impuesta, facilitando así al condenado estar cerca de su familia, de las personas que comparten su cultura, tradiciones y costumbres.
Martínez explicó que el convenio tiene por objeto facilitar la rehabilitación y la reinserción de los sancionados, permitiendo que cumplan sus condenas en el país del que son nacionales y a su vez determina las condiciones para su traslado.
Los requisitos que debe cumplir el beneficiado son: ser nacional del estado receptor, y en el caso de Cuba que resida permanentemente o esté domiciliado en territorio cubano; que no haya sido sentenciado a pena de muerte, a menos que la pena de muerte haya sido conmutada; que la sentencia sea firme, y que la persona no haya sido sancionada por un delito de naturaleza política o de índole estrictamente militar o contra la seguridad del Estado.
El diputado Carlos Emilio López señaló que este convenio se fundamenta en el derecho internacional y en la Constitución de la República de Nicaragua.
“Este convenio que en su esencia es un convenio de derechos humanos y humanitarios, tiene por objeto facilitar la rehabilitación y reinserción de los sancionados permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del que son nacionales y determina a su vez las condiciones para el traslado. Este convenio emana de las normas jurídicas internacionales y de la constitución va a facilitar la reinserción social de las personas sancionadas por haber cometido un delito”, planteó López.
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