La atención a 83,904 personas durante el primer semestre de este año, destaca entre los importantes avances de la Defensoría Pública, aseguró la doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera, directora de esa institución del Poder Judicial, al participar en el programa radial del Poder Judicial “Una hora con la justicia”.
La doctora Ibarra precisó que del total de usuarios atendidos, 32,230 derivaron en igual cantidad de causas que fueron remitidas a los órganos jurisdiccionales de la materia penal, familia, civil y laboral.
Solo en Managua se atendió a 28,166 usuarios, 14,526 de los cuales fueron atendidos directamente por los defensores públicos. Además, se orientó jurídicamente a 8,007 personas, se introdujeron a trámite 3,418 causas y se enviaron 5,992 solicitudes de información a diferentes instituciones.
La directora de esta institución auxiliar de la Corte Suprema de Justicia --que en enero 2021 alcanzó 22 años de existencia--, destacó también el nombramiento de los Defensores Públicos de Pueblos Originarios, quienes trabajan directamente con las autoridades comunales. En América Latina, esta novedosa figura jurídica solo existe en Nicaragua, Colombia y Chile.
Nicaragua cuenta con 12 cuatro defensores públicos de pueblos originarios: 8 en la Costa Caribe Norte (Siuna, Bonanza, Waspam y Bilwi) y 4 en la Costa Caribe Sur (Laguna de Perlas, Bluefields y Corn Island). Estos defensores son originarios de las regiones autónomas, conocen su cultura y hablan los idiomas autóctonos: inglés creole, miskito y mayangna.
“Conocen la normativa, que es el instrumento en el que se fundamenta el derecho de los pueblos originarios; el arraigo es una de sus principales características y tramitan todo tipo de causas penales, civiles, laborales y de familia. En Siuna y Bonanza hemos tenido mucha actividad sobre conflictos territoriales entre pueblos originarios y personas que no son de esa zona”, explicó la doctora Ibarra Rivera.
La Defensoría Pública atendió en todo el país en este semestre a 83,904 personas.
La funcionaria informó que en Bilwi (Puerto Cabezas), los defensores públicos brindan el servicio en el 92 por ciento del total de casos que ingresan a los juzgados, “lo que demuestra el cumplimento del acceso a la justicia para las personas de escasos recursos económicos y en condición de vulnerabilidad”, tal y como mandatan las 100 Reglas de Brasilia, afirmó la doctora Ibarra Rivera.
Restitución de alimentos
En esa zona del Caribe Norte, se restituyeron alimentos provisionales y atrasados a 7,914 niñas niños y adolescentes, por un monto de 52 millones 869 mil 856 córdobas.
La funcionaria destacó el Plan de Mejoras de la Defensoría Pública, aprobado por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, que inició en el año 2010 en Managua y actualmente se replica en las delegaciones de León, Rivas, Granada, y Chontales.
Con este plan se creó la Oficina de Servicios Comunes, con oficiales receptores para atender a los usuarios, labor que antes realizaba el propio defensor público.
Esa oficina se subdivide en Ventanilla de Orientación al Usuario, Ventanilla de Correspondencia y Notificaciones, y Ventanilla de Recepción del Servicio, donde el usuario presenta sus documentos, para ingresarlo al sistema y se le brinde el servicio de defensa.
Actualmente la Defensoría Pública cuenta con 17 defensores redactores de demandas y de ejecución de la pena, que atienden a familiares de las personas privadas de libertad. Esta división organizativa permite un proceso más expedito y mejora la atención a los usuarios.
“En el 2015 presentamos al CNACJ, un proyecto de creación de la estructura organizativa de la Defensoría, que incluye 16 puestos de trabajo, entre ellos directora, sub director, supervisor, delegado, defensores para todas las materias, de pueblos originarios, interamericanos, de restitución internacional y de atención a niñas, niños y adolescentes”, recordó la funcionaria.
Agregó que “la réplica del plan de mejoras y la recopilación de las estadísticas, nos permite llevar un mejor control del trabajo. Uno de nuestros desafíos es determinar cuál es la carga efectiva que puede llevar una defensora o defensor público y tener más espacio en Managua para los funcionarios”.