* Jueces de la materia señalan “vacíos” de la norma, durante estudio de las necesidades institucionales realizado entre julio y septiembre.
Reformar el Código de Familia y nombrar más jueces, psicólogos y trabajadores sociales, son parte de los requerimientos que los jueces de esta materia en todo el país, plantearon al equipo técnico que prepara el Diagnóstico Nacional de la Justicia de Familia.
Los jueces del Departamento de Managua culminaron la jornada de investigación para elaborar el Diagnóstico Nacional en materia de familia, el pasado 24 de septiembre.
Desde mediados de julio hasta el 24 de septiembre pasado, el equipo encabezado por la jueza primero de distrito de Familia, doctora María José Arauz Henríquez, visitó los juzgados de Familia del país, para recopilar la información que permitirá analizar las necesidades, retos, amenazas y oportunidades de los órganos jurisdiccionales y de apoyo en esta materia.
Las visitas de campo culminaron los días 23 y 24 de septiembre en la Corte Suprema de Justicia, donde los jueces de Familia del departamento de Managua expusieron sus requerimientos y la información acerca de la problemática que día a día se les presenta en la administración de justicia en sus respectivos territorios.
La jueza de distrito de Familia del municipio de Ciudad Sandino, doctora Tatiana Mendoza Fitoria y el juez local único del municipio de San Francisco Libre, doctor Juan Carlos Rubí Velásquez, coincidieron en la necesidad de despejar los “vacíos” que el Código de Familia presenta.
En una exposición realizada previamente por la jueza Arauz Henríquez, esta enumeró además como tema de revisión el de la distribución de bienes en casos de divorcio y otras situaciones, como las serias limitaciones de instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia, las que considera “se han quedado cortas”.
Las doctoras Leslie María José Larios y Tatiana Mendoza Fitoria, jueza décimo tercera de distrito de Familia y jueza de distrito de Familia de Ciudad Sandino, respectivamente, intercambian información acerca del trabajo cotidiano en sus judicaturas.
El juez local único de San Francisco Libre indicó que, por un lado, su judicatura no cuenta con un Consejo Técnico Asesor (CTA) para realizar las valoraciones psicosociales, por lo que debe auxiliarse con las autoridades del municipio de Tipitapa.
Más juzgados
El doctor Rubí Velásquez aseguró que San Francisco Libre carece del auxilio de la Policía, para los casos de Familia en que la violencia del hombre pone en riesgo la seguridad de las mujeres y sus hijos, ya que “por el momento no hay investigadores”, ni quien ejecute las medidas cautelares de protección que emite el juzgado ante una determinada demanda.
Para la doctora Mendoza Fitoria, Ciudad Sandino ya requiere de otro juzgado de Familia, por cuanto el municipio ya sobrepasó los 150 mil habitantes. “En este momento hay 700 causas en trámite y necesitamos dar respuesta inmediata”, señaló.
La judicial precisó que “hay acciones como la pensión de alimentos que necesitan revisarse”, ya que como está enunciada en el Artículo 306 del Código de Familia, no permite garantizar de manera satisfactoria el derecho alimentario de los hijos e hijas.
A su juicio, es necesario que se revise ese artículo, para que además de ordenar la pensión de alimentos, la autoridad judicial pueda incluir otras necesidades y ordenar a los padres que deben contribuir con los gastos escolares y médicos, ropa y zapatos.
Al juzgado de San Francisco Libre ingresan 25 causas de la materia penal, civil y de Familia por mes; de estas, 15 son de Familia.
Tanto la jueza Mendoza Fitoria como el juez Rubí Velásquez señalaron que una reforma a la norma debe incorporar claramente en el texto la inclusión de esos rubros, porque la redacción actual da pie a que los jueces “apliquemos diferentes criterios”.
“Eso es general, hay que aceptar que el Código de Familia tiene sus vacíos y aunque los jueces hemos venido resolviendo las demandas aplicando la supletoriedad, es necesario unificar criterios para hacer una aplicación más efectiva de la ley y no improvisar”, dijo el juez Rubí Velásquez.
El especialista en Desarrollo Institucional que forma parte del equipo técnico, licenciado Selim Fletes, compartió con los jueces que la problemática de la justicia de Familia “se parece” en todo el país, por cuanto con mayor o menor intensidad, todos plantean falta de notificadores, ausencia de la Procuraduría y del Ministerio de la Familia en los procesos, así como falta de información acerca del volumen de trabajo de los CTA, entre otros.
En la investigación de las necesidades institucionales realizada entre julio y septiembre, también participaron los CTA, que pese a la voluminosa carga de trabajo, asesoran individual o colectivamente a los jueces y juezas de Familia, mediante la realización de los estudios y dictámenes que estos les instruyen realizar.
