“”El COVID-19 dejó al desnudo las
desigualdades, desequilibrios, falta de equidad en la distribución de la
riqueza social y en la fragilidad del sistema normativo constitucional para
detener los excesos del Poder Ejecutivo”, afirmó el magistrado de la Corte
Suprema de Justicia, doctor Armando Juárez López, en la XIII Conferencia
Iberoamericana de Justicia Constitucional que se inauguró el pasado 24 de septiembre en Colombia.
En la conferencia --que se
desarrolla de manera virtual-- participan presidentes y magistrados de
Tribunales Constitucionales y presidentes y magistrados de Salas
Constitucionales de Justicia— el magistrado Juárez López expresó que la
pandemia también dejó al desnudo “las limitaciones de la ciencia y la técnica
para hacer frente a fenómenos de esta naturaleza, que no han tenido umbral de
comparación en nuestro tiempos”.
Agregó que “el derecho humano que
debe ser protegido es el derecho a la verdad sobre el COVID-19, sobre su
origen, sobre supuestos objetivos de arralamiento de la especie humana o donde
queden en cuestión intereses globales de carácter político o económico que
ponen en riesgo la especie”.
En ese orden el magistrado Juárez
López, miembro de la Sala de lo Constitucional, sostuvo que “debemos construir
derechos que protejan a la especie humana”.
Fue enfático al asegurar que “la
especie humana ha sido estremecida por la pandemia COVID-19 y por las medidas
de excepción que únicamente aumentan la carga de los pueblos”.
Para el magistrado Juárez López
“las medidas de excepción no resuelven las causas que originan la alarma, la
desesperación, el temor y la inseguridad, que también son aspectos que han sido
manipulados sobre la base de un interés supremo que no está en riesgo y que
nunca lo ha estado por la pandemia”.
¿Qué consecuencia ha traído a los
países en Iberoamérica imponer estados de excepción para contener el COVID-19 y
cuáles son sus resultados?, se preguntó el magistrado de la CSJ, e
inmediatamente se respondió: “concluimos que ha sido un fracaso”.
Aseguró que los estados de
excepción han surgido principalmente para garantizar la constitucionalidad del
Estado, de los elegidos legítimamente, ante supuestos de guerra, seguridad de
la nación, condiciones económicas extremas y catástrofes naturales.
Por tanto, dijo, contra quién es el
enfrentamiento, cuáles son los riesgos de seguridad, cuáles son los riesgos de
pérdida de constitucionalidad, dónde están los supuestos de seguridad de la
nación en peligro, se pretende contener un virus o se pretende controlar a los
pueblos ante los desequilibrios que provoca la injusta distribución de la
riqueza social.
De manera tajante afirmó que “la
distribución injusta de la riqueza social es la base para determinar el impacto
de la pandemia en los distintos grupos sociales, comprendidos dentro de los dos
grandes grupos de ricos y pobres. Los que tienen mayor acceso a la riqueza
social y los que tienen limitados o nulo acceso a la misma”.
Reiteró que el “impacto debe
medirse a partir del acceso que se tiene a esta riqueza social y es fácil
deducir que una contención humanística del COVID-19 estará determinado por el
acceso que se tiene a esa riqueza en términos de vida, salud, educación,
trabajo, justicia y equidad”.
Recordó que “Nicaragua en su
estrategia de contención al COVID-19 fundada en la comunidad y para la
comunidad, ha sido furibundamente cuestionada por grupos opositores de origen
golpistas, que han pretendido desinformar a la población acerca de las medidas
de protección y aseguramiento promovidas por el Gobierno de Nicaragua,
encabezado por el Ministerio de Salud”.
Denunció que esos grupos opositores
“no han escatimado esfuerzos para demandar medidas de excepción, medidas de
confinamiento, medidas de restricción a la economía, al sistema bancario, a la
libertad de trabajo y de movilización del pueblo nicaragüense”.
De esa manera esos grupos “han
mostrado poco interés en apoyar una estrategia realista, comprometida con el
pueblo, en la que se han involucrado los distintos poderes del Estado con las
comunidades y los diversos sectores de la sociedad nicaragüense y
principalmente de las mayorías más vulnerables”, dijo el doctor Juárez López.
El magistrado subrayó que
“Nicaragua es un país con sus propias limitaciones económicas, pero esto no ha
sido obstáculo para implementar medidas de aseguramiento que a la postre han
sido efectivas y que no han tenido como consecuencia la limitación de ningún
derecho y garantía constitucional”,
Es por eso, precisó, que “no es
objetivo afirmar que los países que no implementaron estas medidas de excepción
–porque interpretaron su realidad socio-económica, cultural y política
acertadamente--, hubiesen desencadenado o provocado incrementos en los casos de
contagio”.
Al contrario, sostuvo, “los efectos
de los estados de excepción han sido la movilización popular, las
manifestaciones de resistencia al confinamiento y el debilitamiento de la
capacidad de subsistencia”.
“Estamos obligados a ser creativos
para plantear nuevas formas de protección, nuevos mecanismos de control de
constitucionalidad y defensa de los derechos humanos de la población”, finalizó
el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Juárez López.
Fuente: Poder Judicial
