Abogados y notarios públicos consultados respaldan la Ley 1035, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 698, Ley General de los Registros Públicos y al Código de Comercio de la República de Nicaragua, cuyo objetivo es prevenir y perseguir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El licenciado Pablo Leiva, con más de 20 años en ejercicio profesional, respalda las reformas a Ley 698 porque “van dirigidas a prevenir el lavado de dinero y el crimen organizado, por ejemplo si en una transacción hay actividad delictiva, el beneficiario final es la verdadera persona que está involucrada en el asunto y debe ser investigada”.
La reforma atiende las recomendaciones y sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las cuales están dirigidas a impedir que las sociedades mercantiles sean utilizadas para cometer actividades ilícitas por el narcotráfico o el crimen organizado, a través del lavado de dinero.
La licenciada Modesta del Socorro Cáceres Sequeira, abogada litigante en el Complejo Judicial Central Managua dijo que las reformas “garantizan más seguridad jurídica y fortalecen la Ley General de los Registros Públicos”
Con la aprobación de las reformas, las sociedades mercantiles deben tener información actualizada de quién es el beneficiario final, el cual mantiene el control real de la sociedad. Además se impide el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo.
El abogado Lenin González expresó que “las reformas son positivas porque permitirán el descubrimiento de aquellas actividades ilícitas y evitarán que en el país continúen funcionando aquellas empresas de papel, que fueron creadas para el lavado de dinero y están relacionadas con el crimen organizado”.
Fuente: Poder Judicial