“EL ESTADO HA REALIZADO ESFUERZOS SOSTENIDOS PARA PROTEGER
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ”.
* Afirmó la Dra. Belinda Guevara, coordinadora nacional de
Ejecución de la Pena, de la Defensoría Pública”.
“El Estado ha realizado esfuerzos sostenidos con el
propósito de proteger los derechos de la niñez a vivir una vida libre de
violencia”, afirmó la doctora Belinda Guevara, coordinadora nacional de
ejecución de la pena, de la Defensoría Pública.
“Desde el año 2007 el GRUN ha venido realizando esfuerzos
sostenidos con el propósito de proteger los derechos de la niñez a vivir una
vida libre de violencia”, afirmó la Dra. Belinda Guevara, coordinadora nacional
de ejecución de la pena, de la Defensoría Pública.
La funcionaria abordó en el Programa del Poder Judicial “Una
Hora con la Justicia”, el tema del Protocolo de la defensora o defensor público
especializado de atención integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de
delitos, especialmente de violencia sexual.
La doctora Guevara indicó que el Protocolo se crea a partir
de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de marzo
del año 2018, que declaró responsable al Estado de Nicaragua por la violación a
la integridad personal de una niña, por hechos que se remontan al año 2000.
Agregó que esa sentencia mandata que se cree la figura
especializada y letrada para la atención a niños, niñas y adolescentes víctimas
de delitos especialmente de violencia sexual.
Voluntad política del GRUN
A manera de paréntesis, reiteró que desde el año 2007 el
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ha venido realizando
esfuerzos sostenidos con el propósito de proteger los derechos de la niñez.
“Voluntad política del Estado que se expresa en la concertación de voluntades,
capacidades, funciones y acciones que se promueven desde la familia, comunidad
e instituciones públicas del sector justicia”, expresó.
Es por eso, sostuvo, que nuestro fundamento es el marco
jurídico del derecho internacional de los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes, su marco normativo de forma especial es el Código de la Niñez y
Adolescencia en su Libro Primero y Segundo y en particular la Ley 779 (Ley
Integral contra la violencia hacia las mujeres).
En ese orden, situó que el Estado de Nicaragua en
cumplimiento a los principios del interés superior del niño, no re
victimización, debida diligencia reforzada y protección especial en las
investigaciones y el proceso penal de delitos especialmente de violencia sexual
en contra de niños, niñas y adolescentes, creó este Protocolo del defensor
público especializado.
Añadió que en virtud de todo lo anterior, el Estado de
Nicaragua a través de la Defensoría Pública crea e implementa la figura
especializada que brindará asistencia jurídica gratuita a las niñas, niños y
adolescentes víctimas de delitos especialmente de violencia sexual.
Reseñó que el Consejo Nacional de Administración y Carrera
Judicial (CNACJ) aprobó el Acuerdo creador de esa figura el 27 de marzo del año
2020, el cual fue elaborado durante nueve meses con apoyo de UNICEF, la
Secretaría de Género y una Comisión de la Defensoría Pública, encabezada por su
directora nacional, la doctora Clarisa Ibarra Rivera.
“Este Protocolo reafirma los principios establecidos en
nuestra Constitución Política, como el interés superior de la niña, niño y
adolescente; el principio de la no discriminación, de diversidad cultural y
étnica, de respeto a la opinión de los niños y adolescentes en todo procedimiento
que le afecte”, aseguró la Dra. Belinda Guevara.
Objetivos del Protocolo
Precisó que el objetivo general de este Protocolo es
“mejorar el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes facilitando el
acceso gratuito a servicios de asesoría y representación legal desde el inicio
del proceso hasta su conclusión para la debida asistencia y protección a las
niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, especialmente de violencia
sexual, realizar y defender sus derechos ante cualquier órgano o instancia”.
El Protocolo establece cuatros objetivos específicos:
reconocer el derecho de la víctima a participar en todas y cada una de las
etapas del proceso y en defensa de sus derechos; y asignar un defensor público
especializado, que acompañe, asesore, represente y se constituya en parte
procesal.
Los otros objetivos, son: proporcionar a la defensora o
defensor público especializado un marco conceptual, guía y fuente de actuación
para el ejercicio de sus funciones; y capacitar a los defensores públicos sobre
estándares internacionales en materia de investigación de violencia sexual y
todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Subrayó que este Protocolo reafirma los principios
establecidos en nuestra Constitución Política, como el interés superior de la
niña, niño y adolescente; el principio de la no discriminación, de diversidad
cultural y étnica, de respeto a la opinión de los niños y adolescentes en todo
procedimiento que le afecte.
De igual manera, el principio del respeto del derecho a la
vida, supervivencia y el desarrollo; de efectividad, de autonomía progresiva,
de no re victimización; principio de vulnerabilidad, de debida diligencia
reforzada, principio de integridad, de especialización y principio de
confidencialidad.
Explicó que esta Unidad Especializada en esta materia en la
Defensoría Pública, está dirigida directamente por la directora de esta
institución, la doctora Clarisa Ibarra Rivera. A la fecha cuenta con 23
defensoras y defensores públicos especializados que cubren todo el país.
Solamente en Granada y Matagalpa no tenemos al defensor especializado y lo
atendemos desplazando a otros defensores especializados.
Cabe mencionar que cada uno de los defensores y defensoras
públicos especializados son nombrados por Acuerdo de la Corte Suprema de
Justicia.
La doctora Guevara comentó que después de ser creado el
Protocolo le hicieron un Adendum, que fue aprobado por el CNACJ, el cual
especifica las funciones del defensor público especializado desde la fase en
que inicia, incluyendo la fase de investigación.
Brevemente explicó que la ruta de acceso a la justicia en
este tipo de delitos, se hace a través de las instituciones como el Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Familia, que son la principal
puerta de entrada, también reciben solicitudes personales, solicitudes
judiciales y las que son captadas en las sedes de la Defensoría Pública.
Para finalizar manifestó que los principales retos que
tienen en esta materia, es “nombrar defensores públicos especializados en
Granada y Matagalpa, reforzar esta Unidad Especializada en la sede central de
la Defensoría Publica, crear en la Defensoría Pública un equipo
interdisciplinario y darle más divulgación a la existencia de este defensor
público especializado y al Protocolo”.
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